AnySelected

Un Paso Crucial, Pero con Dudas: La Nueva Ley de Desaparición Forzada en México

El Senado de la República ha dado luz verde a la reforma de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un esfuerzo por abordar la alarmante crisis de desapariciones que azota a México. La aprobación en lo general representa un avance significativo en la búsqueda de justicia y la protección de los derechos humanos, pero no está exenta de controversias, especialmente en lo que respecta a la inclusión de datos biométricos en las carpetas de investigación.

¿Qué Cambia con la Nueva Ley?

La reforma busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, sanción y reparación integral para las víctimas de desaparición forzada. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:

• Mayor Coordinación Interinstitucional: Se busca una mejor colaboración entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) para agilizar las investigaciones.
• Protocolos Específicos: Se establecen protocolos claros para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la utilización de tecnologías y recursos especializados.
• Presunción de Responsabilidad del Estado: En casos de desaparición forzada, se presume la responsabilidad del Estado, lo que facilita la obtención de la reparación integral para las víctimas y sus familiares.
• Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda: Se fortalece la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, otorgándole mayor autonomía y recursos.

La Controversia de los Datos Biométricos: ¿Seguridad o Riesgo para la Privacidad?

El punto más polémico de la reforma es la inclusión de la recolección y el uso de datos biométricos (como huellas dactilares, fotografías y muestras de ADN) en las carpetas de investigación. La intención, según el gobierno, es facilitar la identificación de personas desaparecidas y fortalecer la vinculación de los presuntos responsables con los hechos. Sin embargo, la oposición y organizaciones de la sociedad civil han expresado serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de estos datos, así como el riesgo de que sean utilizados para fines distintos a los previstos.

Los críticos argumentan que la recolección masiva de datos biométricos podría generar una base de datos vulnerable a ataques cibernéticos y filtraciones, poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas. Además, temen que estos datos puedan ser utilizados para la vigilancia y el control social, violando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La Reacción de la Oposición y el Futuro de la Ley

La oposición ha criticado duramente la aprobación de la reforma, especialmente el tema de los datos biométricos. Han exigido una mayor transparencia y un debate más amplio sobre los riesgos y beneficios de esta medida. Algunos senadores han advertido que podrían impugnar la constitucionalidad de la ley ante los tribunales.

La reforma ahora pasará a las comisiones legislativas para su análisis en lo particular, donde se espera que se discutan a fondo los detalles y se puedan realizar ajustes. El futuro de la ley dependerá de las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas y de la capacidad del gobierno para convencer a la oposición y a la sociedad civil de que la inclusión de datos biométricos es necesaria para combatir la crisis de desapariciones.

Un Desafío Urgente: La Búsqueda de la Verdad y la Justicia

La aprobación de la ley de desaparición forzada es un paso importante, pero no es suficiente. Es fundamental que el gobierno y las autoridades competentes implementen la ley de manera efectiva, garantizando el respeto a los derechos humanos y la protección de la privacidad de los ciudadanos. La búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición forzada debe ser una prioridad nacional.